En el Pleno celebrado el pasado
30 de junio, el PP aprobó en solitario la privatización del servicio de ayuda a
domicilio, es decir, el cuidado de nuestros mayores dependientes que necesitan
más cuidados. Esto significa que será una empresa privada quien gestione este
servicio. Esta decisión, que es una decisión política e ideológica, es un error
porque el cuidado de nuestros mayores es un servicio básico, y los servicios
básicos tienen que estar gestionados por los poderes públicos, en este caso el
Ayuntamiento. La empresa privada, como es normal, gestiona utilizando los
criterios de la competitividad y el máximo beneficio, algo que es legítimo pero
incompatible con la gestión de los servicios más básicos que deben cubrir los
Derechos Humanos. ¿Hay algo más incuestionable que el cuidado de calidad de
nuestros mayores cuando lo necesitan, después de toda una vida de trabajo y
sacrificios? Hay cosas que no se pueden tocar.
Por otra parte, una empresa
privada solo gestiona un servicio que antes era público cuando es rentable, es
decir, cuando obtiene beneficios. ¿Cómo se hará eso? Reduciendo gastos, es
decir, reduciendo la calidad del servicio, recortando salarios a los
trabajadores o directamente echándolos. Lo vemos todos los días, en la sanidad
o en la educación, por ejemplo.
Hay que recordar que el
Ayuntamiento fue obligado a pagar más de 8.300 € por despedir de manera
improcedente a una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio. Dar la
gestión a empresas privadas no quita “calentamientos cabezas”. La única manera
de quitarlos es comportarse de manera escrupulosa e impecable con los
trabajadores de nuestro pueblo y hacer las cosas bien hechas. Los mayores de
nuestro pueblo, que han trabajado duramente toda su vida para sacar adelante a sus
familias, a Benalúa y al país, merecen el mejor de los cuidados.