Ángel de la Cruz


En el Pleno celebrado el pasado 30 de junio, el PP aprobó en solitario la privatización del servicio de ayuda a domicilio, es decir, el cuidado de nuestros mayores dependientes que necesitan más cuidados. Esto significa que será una empresa privada quien gestione este servicio. Esta decisión, que es una decisión política e ideológica, es un error porque el cuidado de nuestros mayores es un servicio básico, y los servicios básicos tienen que estar gestionados por los poderes públicos, en este caso el Ayuntamiento. La empresa privada, como es normal, gestiona utilizando los criterios de la competitividad y el máximo beneficio, algo que es legítimo pero incompatible con la gestión de los servicios más básicos que deben cubrir los Derechos Humanos. ¿Hay algo más incuestionable que el cuidado de calidad de nuestros mayores cuando lo necesitan, después de toda una vida de trabajo y sacrificios? Hay cosas que no se pueden tocar.

Por otra parte, una empresa privada solo gestiona un servicio que antes era público cuando es rentable, es decir, cuando obtiene beneficios. ¿Cómo se hará eso? Reduciendo gastos, es decir, reduciendo la calidad del servicio, recortando salarios a los trabajadores o directamente echándolos. Lo vemos todos los días, en la sanidad o en la educación, por ejemplo.

Hay que recordar que el Ayuntamiento fue obligado a pagar más de 8.300 € por despedir de manera improcedente a una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio. Dar la gestión a empresas privadas no quita “calentamientos cabezas”. La única manera de quitarlos es comportarse de manera escrupulosa e impecable con los trabajadores de nuestro pueblo y hacer las cosas bien hechas. Los mayores de nuestro pueblo, que han trabajado duramente toda su vida para sacar adelante a sus familias, a Benalúa y al país, merecen el mejor de los cuidados.