Ángel de la Cruz

Uno de los crímenes más sonados de la Constitución y del Sistema bipartidista español es la Ley Electoral. Dicha Ley hace que nuestros votos valgan más o menos según al partido que votemos. En resumidas cuentas, la Ley Electoral hace que un voto a IU valga menos que un voto al PSOE o al PP y que, por consiguiente, a IU le cueste más un Diputado que a PP y PSOE. Por ejemplo, en las últimas elecciones Generales, el PSOE consiguió cada escaño con 66.800 votos, por otro lado IU consiguió cada escaño con 484.973 votos. La diferencia es tan clara como aberrante...

IU lleva pidiendo la reforma de esa Ley y de otras leyes injustas y antidemocráticas desde hace años e incluso décadas. El movimiento 15-M, DRY y los indignados también lo piden. Desde el Gobierno (y desde el PP) hacen oídos sordos básicamente porque son los primeros interesados en sacar tajada de dicha amputación de la democracia, y alegan que para cambiar ese tipo de leyes hay que reformar la Constitución y que eso es imposible porque necesita de un consenso casi total de los partidos mayoritarios, algo a día de hoy imposible, una utopía. Curioso país, por cierto, en el que pedir que todos los votos valgan lo mismo, independientemente del partido al que votan, es de utópicos, de soñadores idealistas.

Pues bien, mientras PSOE y PP nos cuentan el cuento de la imposibilidad de la reforma de la Constitución, llegan ellos y en un abrir y cerrar de ojos pactan una reforma constitucional mientras las derechas nacionalistas aplauden con las orejas (PP, CiU y PNV, curiosos compañeros de alcoba para un partido supuestamente de izquierdas como dice ser el PSOE...).

Esta reforma constitucional pactada por PSOE y PP consiste en otra vuelta de tuerca más -de tantas- al Estado de bienester, a la amputada democracia y a la ya de por sí apretada clase trabajadora. Se trata de reducir el gasto público, de reducir el gasto en la sociedad, en las personas, y además cometido de la manera más rastrera posible: sin escuchar la opinión de esa ciudadanía a la cual le afectará esa reforma y esos recortes. ¿Para qué votan los españoles a un Partido si cuando éste llega al Poder hace lo que le da la real gana sin contar ni siquiera con la opinión de sus votantes?

Hace muchos años, un célebre político de atusada perilla dijo que a una persona de izquierdas no se le mira la boca, sino las manos, es decir, sus actos, no sus palabras. Dejándonos de siglas y de tonterías, analizando uno por uno los actos de este Gobierno que se autodenomina socialista, podemos afirmar sin vacilación de ninguna índole que se trata de un Gobierno de derechas, ya que sigue empeñado en perjudicar a los trabajadores, a las clases populares, y en premiar a los ricos, a los altos empresarios y banqueros culpables de la crisis.

La Constitución aprobada en 1978 de la que tanto presumen los demócratas, se trata de una Constitución monárquica, con demasiados puntos que huelen al anterior Régimen y con una defensa a ultranza de la propiedad privada. No obstante, hay algunos artículos interesantes que deberían saber todos esos que presumen de ella pero que en realidad sólo la sacan para justificar la obsoleta Monarquía. Por ejemplo, todos los políticos del PSOE y del PP deberían escribir cien veces -o las necesarias hasta que lo aprendan- el Artículo 128:
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Hasta que los políticos que nos gobiernan no aprendan conceptos básicos como "interés general", la democracia, la justicia social y la ética política estará más perdida que el barco de arroz.
0 Responses

Publicar un comentario